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Estados Unidos, en un tiempo relativamente más corto y con consecuen- cias sociales apreciablemente mayores que en sus homólogos europeos y asiáticos y el resto del mundo, se convirtió en el país más afectado por la pandemia a nivel mundial. Independientemente de que las estrategias de contención, primero, y mitigación, después –si es que las hubo– ha- yan fracasado, los resultados son los altos niveles de contagio y muertes experimentadas en todos los sectores de la población, pero particular- mente entre los más vulnerables: las comunidades afroamericanas y lati- nas, laboralmente más expuestas a los contagios, con menores recursos para mantener las medidas de cuidado y confinamiento, así como sus limitadas posibilidades de acceso a los sistemas de seguridad social y de atención a la salud.



In Panama, the government’s concerns over fertility regulation andcontraception go back to the start of the 1940s, to a social and political backdrop in which women accomplished important social demands as well as the recognition of basic civil rights3, and the problems of the population’s health started to occupy a more important position on the government’s agenda. Accordingly, the first actions involving female contraception policy, undertaken by the State, particularly those relating to the voluntary sterilization of women, were not directly determined by the existence of a population policy with the explicit aims of regulating births and reducing demographic growth4. The growth of the population, inasmuch as it “did not disturb” sustained economic performance, was not a priority public policy issue. In this regard, it should be mentioned that the issue of family planning was initially dealt with by the Panamanian Family Planning Association (APLAFA), a private entity formed around the middle of the 1960s.



Las décadas de 1980 y 1990 marcaron transformaciones económicas y políticas profundas en la regi´pon. A la creciente integración económica internacional se sumaron cambios en otras esferas de la sociedad y de las estructuras de poder. La liquidación del Estado Benefactor determinó las privatizaciones y las posteriores reformas a las legislaciones comerciales y laborales, con lo que se creó un nuevo escenario de mediación política que ha promovido la desregulación y la flexibilización de los mercados de trabajo, ajustándolos a las nuevas circunstancias de competencia y acumulación. El nuevo modelo laboral adoptó diversos mecanismos conducentes a la reducción de los costos del trabajo. Los cambios estructurales ocurridos en la región transformaron las economías nacionales...


©2019 por Didimo Castillo Frenández. 

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